Reflexiones acerca de Ayotzinapa

Durante la noche del 26 de septiembre 2014 en las afueras de Iguala, en el Estado de Guerrero, un convoy de autobuses dirigido por estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue cercado y atacado por varios cuerpos policiales. En los días siguientes, entre los estudiantes se contaron 6 muertos y 43 desaparecidos. A una semana de la conmemoración por las víctimas de la matanza estudiantil en Tlatelolco, hace 46 años, México amaneció con otro episodio violento.

Interrogantes sin respuesta

En los primeros días de noviembre de 2014, el gobierno mexicano pareció haber encontrado las respuestas que la sociedad mexicana estaba buscando. Según Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, los estudiantes se dirigieron a Iguala para secuestrar colectivos y combustible para poder asistir a la marcha del 2 de octubre en conmemoración de Tlatelolco, actividad que venían realizando desde toda la semana anterior. Durante la misma noche, en Iguala se estaban festejando los éxitos del local Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dirigido por María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala José Luís Abarca. Dadas las relaciones de Pineda con el desaparecido cártel Beltrán Leyva, se consideraba que ambos tenían relaciones muy estrechas con el cártel Guerreros Unidos. Ante la noticia del pasaje de los normalistas, aparentemente Abarca habría tomado el control de un operativo conjunto de las policías municipales de Iguala y Cocula para evitar que los normalistas frustraran el evento. Las fuerzas policiales procedieron entonces a entregar los estudiantes arrestados a los Guerreros Unidos, en la creencia de que entre los estudiantes se encontraran infiltrados del cártel rival Los Rojos. Tras haberlos llevado al basurero de Cocula, los estudiantes habrían sido ejecutados y sus cuerpos incinerados, arrojando luego los restos al cercano río San Juan.

De acuerdo a la versión oficial entonces, los hechos del 26 de septiembre se justifican en una rivalidad entre las autoridades de Iguala, ligadas al cártel de Guerreros Unidos y el grupo de Los Rojos, que habría alentado a los normalistas a una serie de manifestaciones en contra del alcalde de Iguala. En la confusión de la noche, el cártel habría tomado la decisión de ejecutarlos como haría normalmente con sus rivales, apoyado por las autoridades que se verían liberados de las constantes protestas de los normalistas.

La “verdad histórica” del gobierno mexicano se derrumbó en septiembre 2015, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), logró demostrar la falsedad de la versión oficial. Según las investigaciones independientes, asistidas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, los estudiantes no habrían sido ni ajusticiados ni quemados en el basurero de Cocula. De ser así, se habrían necesitado varias toneladas madera y neumáticos para crear un fuego de 7 metros de altura con una columna de humo de 300, que se mantuviera durante 60 horas. Una hoguera suficientemente grande para que llamara la atención de los lugareños y para que provocara un incendio forestal.

Tras seis meses de investigaciones el GIEI reconoció que no tiene datos para saber el paradero de los estudiantes desaparecidos, pero sí para cuestionar la versión de la Procuraduría General de México y sugerir que el ataque haya sido ordenado porque los normalistas, sin saberlo, habrían interferido con el traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los autobuses que secuestraron para transportarse. Además, en su informe el GIEI sugiere la participación del 27° Batallón de Infantería del Ejército Mexicano en la falta de socorro a los normalistas y participación en los encubrimientos.

Los significados de Ayotzinapa

A un año de distancia, no se han logrado avances significativos. Más de 100 detenidos, 20 prófugos, ninguna sentencia y muchas preguntas abiertas. El paradero y la condición de los estudiantes siguen desconocidos, así como el cómo y el porqué del alto nivel de violencia contra los normalistas.

Entre las reflexiones que podemos llevar a cabo, resalta la adversidad de la opinión pública y las autoridades mexicanas en contra de las normales rurales. Según las palabras de Zósimo Camacho, director de información de la revista Contralínea, no podemos dejar de notar como desde la salida de Cárdenas del país, los gobiernos neoliberales han llevado a cabo una lucha en contra de las escuelas normales rurales. Estas escuelas basan sus actividades en cinco ejes, entre los cuales el cultural, el político y el trabajo agropecuario en conjunto con la comunidad. Al ser sus egresados los únicos dispuestos a mudarse a zonas rurales a causa de la pobreza y la falta de servicios, son una herramienta esencial para la inclusión y alfabetización de un país que en el último relevamiento de la OCDE se encontró al último lugar de 34 en el área de matemáticas, lectura y ciencia.

Al no recibir los fondos correspondientes de las autoridades, las normales rurales del territorio mexicano se mantienen gracias a la organización estudiantil más antigua del país, la FECSM (Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México). Siendo tanto la FECSM como las rurales uno de los últimos vestigios de los valores de la Revolución Mexicana - educación pública y gratuita y reforma agraria- y de un modelo educativo con fuertes valores marxista-leninistas, puede mirarse el ataque a Ayotzinapa también como un golpe político para minar la organización estudiantil y concretar el plan educativo que busca terminar con este tipo de escuelas. Significativo en tal sentido sería la reforma de formación docente prevista para ser aplicada en agosto 2016, que uniformaría todos los planes de estudio eliminando definitivamente el modelo de las normales rurales.

Ayotzinapa nos proporciona también la posibilidad de hacer una reflexión acerca del Narco-Estado mexicano. Como dice la antropóloga Rossana Reguillo Cruz, “si el gobierno de Calderón (PAN) desató con absoluta irresponsabilidad el infierno, la administración de Enrique Peña Nieto (PRI) apostó al silencio, al amordazamiento, a la soberbia imperdonable de creerse capaces de gestionar el horror, sin salpicarse”. Mientras en su discurso público las autoridades se hicieron portavoces vehementes de la lucha a los cárteles y las drogas, la realidad del Narco Estado se hace más presente. En Guerrero como en otros Estados Mexicanos y regiones latinoamericanas, la corrupción de las autoridades y la instauración del terror dieron vida a un sistema de cogobierno en el que las bandas criminales, además de ser parte activa en el financiamiento de las campañas y otras actividades políticas, tomaron el control de las economías locales y de las fuerzas de policía.

Aun cuando los hechos de Ayotzinapa hayan sido el resultado intolerable de la conexión de un alcalde con un cártel, eso es lo que termina siendo un Narco Estado: una fachada donde el poder público ha sido puesto a disposición del crimen organizado.

Pero, ¿Cómo entender la conexión entre las políticas neoliberales orientadas a la desaparición de las normales rurales, la expansión del Narco-Estado mexicano y los hechos de Ayotzinapa? El testimonio de Omar García, uno de los sobrevivientes y principales testigos, ofrece una respuesta interesante. Los estudiantes de Ayotzinapa, como la mayoría de los normalistas, son chicos humildes que buscan alternativa de vida opuesta a la del narco. Estarán destinados a alguna localidad del interior profundo que reconoce a los maestros como personas respetables a quienes acudir. Porque además de enseñar los maestros rurales organizan, y eso es lo que el Narco Estado no tolera. En las palabras de Omar: “Detestan que seamos gestores de las comunidades, y especialmente detestan que fundemos escuelas. Muchos maestros rurales fundan escuelas. En nuestras prácticas como estudiantes vemos lo que ha pasado en México: las niñas quieren estudiar, pero los niños quieren ser narcos. Quieren serlo aunque la expectativa de vida dentro del narco es como máximo de dos años. Esto es cultural. Nosotros queremos hablarles de otras formas de vida. Por eso nos quieren callados, pero no tenemos miedo. Yo vi matar a un hombre por primera vez cuando tenía seis años. Alguien sacó a bailar a mi hermana y ella dijo que no y se fue a bailar con otro. El desairado sacó un arma y mató al acompañante de mi hermana. Todos nosotros crecimos viendo cosas así. Si en México a la gente la matan por cosas tan pequeñas, cómo no habrían de querer matarnos si tenemos otra idea de cómo debería ser este país”.

Así como nos da la posibilidad de abarcar el problema al que se enfrentan las normales rurales o de la realidad política del Narco Estado, Ayotzinapa se presenta no sin cierto pésame como disparador de muchas otras reflexiones. Podemos discutir de la economía del Narco Estado, de la impunidad de los “gobiernos democráticos” al momento de mantener el poder, de la violencia criminal y de la violencia policial, inevitablemente conectadas. Podemos hablar de corrupción, podemos hablar de neoliberalismo y podemos hablar de la histórica intromisión de Estados Unidos en América Latina.

Podemos hablar también, de la sociedad mexicana. La aparente indiferencia del Presidente Peña Nieto, que durante las primeras investigaciones prefirió viajar a China más que atender las demandas internas, la demostrada ineficiencia y manipulación de los procesos de investigación de parte de la Procuraduría General de la República, el supuesto involucramiento del Ejército mexicano, pero sobretodo la tremenda violencia con la cual se llevaron a cabo los ataques parecen haber sido la gota que rebalsó el vaso de la paciencia mexicana. Ante las masivas manifestaciones y protestas que lograron obtener la renuncia del Gobernador del Estado de Guerrero Ángel Aguirre y que ahora apuntan al mismo Presidente de la República, quien se vio deslegitimado también internacionalmente por el pésimo manejo de la situación, la principal consigna de los movimientos sigue sin cumplirse, la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas.

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